El Gobierno también apeló el rechazo a la reimpresión de las boletas

Pese a los acotados plazos de cara a los comicios del 26 de octubre y aún sin conocer la palabra final de la Cámara Nacional Electoral respecto a si Diego Santilli encabezará o no la lista de candidatos, La Libertad Avanza resolvió apelar la resolución de la Junta Electoral Nacional Distrito Buenos Aires, que rechazó la reimpresión de boletas.

Este jueves la Junta Electoral integrada por los jueces Alejo Ramos Padilla, el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo y la presidenta de la Corte provincial, Hilda Kogan, rechazó el pedido de LLA para reimprimir 14 millones de boletas con un costo superior a 12.100 millones de pesos.

“La actuación de esta Junta debe asegurar, por un lado, la realización efectiva del acto electoral —objetivo institucional primario—, y, por otro, la igualdad de condiciones entre las agrupaciones políticas que participan en la contienda”, sostuvieron.

En esa misma línea de razonamiento, la Junta sostuvo: “en consecuencia, corresponde reafirmar que toda decisión de esta Junta debe orientarse a preservar la estabilidad del calendario electoral, la inmutabilidad de la oferta electoral ya oficializada y la realización del comicio en tiempo y forma, garantizando así el pleno ejercicio del derecho al sufragio en condiciones de igualdad, transparencia y certeza”.

Los jueces Ramos Padilla, Di Lorenzo y Kogan consideraron que más allá de la “imposibilidad material y temporal demostrada en los considerandos precedentes, el pedido formulado por la alianza “La Libertad Avanza” resulta también jurídicamente improcedente, en tanto contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional, las acordadas de la Cámara Nacional Electoral y la doctrina reiterada de ese Tribunal en materia de orden público electoral”.

A esos argumentos centrales donde, también, la Junta expuso que se conducía a un gasto del erario público no previsto, se opuso el partido libertario.

Con un escrito de catorce páginas, apeló la resolución de los jueces con competencia sobre la decisión de reimprimir las boletas únicas que deben distribuirse en 40 mil puntos habilitados para la votación del 26 de octubre.

Los apoderados de La Libertad Avanza, Alejandro Carranzio, Juan Osana y Luciano Gómez Alvariño, señalaron en el escrito al que accedió Clarín que durante la audiencia celebrada a mitad de semana ante la Junta Electoral, “quedó demostrado a juicio de esta Alianza, que la reimpresión resulta técnicamente posible y presupuestariamente viable, siempre que medie una decisión judicial urgente, ello sostenido en la sólidas garantías ofrecidas por el Ministerio del Interior de la Nación durante su exposición”.

Reconociendo la perentoriedad de los plazos a los que este proceso en particular se encuentra sometido, es decir: se está sólo a 15 días de las elecciones, “se notificó finalmente su fallo a las 19:28 del día siguiente, jueves 9 de octubre del corriente”, se quejó LLA.

Por el contrario, la Alianza sostiene que la reimpresión de las boletas “resulta materialmente posible y jurídicamente procedente”.

El Gobierno una vez más, señaló que se encuentran dadas las condiciones para que se “habilite la reimpresión del instrumento electoral a fin de garantizar la expresión genuina de la voluntad popular como derecho político y electoral básico”.

La Junta Electoral había sido taxativa al argumentar que el Código Electoral establece las reglas claras que deben ser respetadas por todos los espacios políticos, esto incluye los plazos para cada etapa (presentación de boletas, aprobación, impresión, control y distribución), y que alterar esas reglas a estas alturas impondría “un riesgo institucional”.

Sin embargo, los apoderados de LLA explicaron que los comicios se encuentran “plenamente garantizados por la eventual disponibilidad de las boletas ya impresas frente a cualquier contingencia, corresponde a la Justicia Electoral asegurar que el derecho al voto se desarrolle en las mejores condiciones posibles de información,imparcialidad y libertad, siendo el fin último perseguido por la normativa electoral el de asegurar la expresión genuina de la voluntad del pueblo a través del cuerpo electoral”.